El Gobierno nacional busca impulsar durante octubre una reforma de la Ley Nacional de Salud Mental, con modificaciones que incluyen nuevas condiciones para permitir la internación de una persona sin su consentimiento.
El Ejecutivo considera que la iniciativa tiene posibilidades de avanzar en el Senado, junto con la adhesión al Tratado de Cooperación en materia de Patentes.
Por el momento, la reforma continúa siendo un proyecto, por lo que ninguno de los cambios propuestos se encuentra vigente.
Qué cambiaría en las internaciones involuntarias
Según la versión revisada que el Ministerio de Salud presentó a las provincias durante septiembre, la internación continuaría siendo considerada un recurso terapéutico excepcional.
Uno de los principales cambios consiste en reemplazar el criterio de “riesgo cierto e inminente” por el de “riesgo grave de daño” al momento de determinar una internación involuntaria.
La propuesta también contempla que, frente a una situación de urgencia, un único médico pueda disponer inicialmente la medida, aunque posteriormente deberá existir una validación interdisciplinaria dentro de las 48 horas.
El cambio apunta a modificar el marco de evaluación utilizado actualmente para determinar cuándo una persona puede ser internada sin prestar consentimiento.
Derechos, tratamientos y responsabilidad del Estado
La iniciativa incorpora además la figura de las directivas anticipadas, mediante las cuales una persona podrá expresar previamente su aceptación o rechazo a determinados tratamientos y designar personas de apoyo.
El equipo de salud deberá respetar esas decisiones, salvo en situaciones en las que exista riesgo grave para la vida o la integridad física de la propia persona o de terceros.
El proyecto mantiene la prohibición de crear manicomios y plantea que las instituciones destinadas a internaciones deberán incorporar dispositivos de atención ambulatoria.
También reconoce responsabilidades de las familias en el acompañamiento de los pacientes, aunque establece que esas obligaciones no reemplazan el deber del Estado de garantizar apoyos cuando la red familiar no exista o no pueda hacerse cargo de los cuidados.
San Juan participó de la discusión federal
San Juan estuvo representada en el debate nacional sobre las modificaciones. El ministro Amílcar Dobladez Zunino participó del encuentro del Consejo Federal de Salud realizado el martes 15 de septiembre, donde fue presentada la versión revisada del proyecto.
La participación de la provincia en esa instancia no implica una adhesión automática a todos los artículos propuestos, sino su incorporación al intercambio federal sobre la eventual aplicación de los cambios en los servicios de atención.
El próximo paso dependerá del tratamiento parlamentario. La intención del Gobierno es priorizar el proyecto durante octubre, aunque la iniciativa todavía debe atravesar el debate legislativo antes de convertirse en ley.
