Granja Tres Arroyos confirmó los 1.250 despidos en sus plantas de Capitán Sarmiento, Esteban Echeverría y Pilar, en la provincia de Buenos Aires, después de que venciera la conciliación obligatoria dispuesta por el Ministerio de Trabajo bonaerense. Las negociaciones entre la compañía y el gremio finalizaron sin acuerdo y las desvinculaciones comunicadas a comienzos de septiembre quedaron efectivas.
La decisión profundiza la crisis de la empresa que llegó a ser la mayor avícola de la Argentina y que solicitó la apertura de su concurso preventivo de acreedores en septiembre. El conflicto laboral se desarrolla en paralelo a una compleja situación judicial, con embargos, denuncias de vaciamiento y reclamos por salarios impagos.
Según los datos de la cartera laboral provincial, 700 trabajadores fueron despedidos en Capitán Sarmiento, 500 en Esteban Echeverría y otros 50 en Pilar. La distribución convierte a la primera de esas localidades en la más afectada por la reducción de personal.
En su explicación, la empresa sostuvo que las desvinculaciones responden a “la necesidad de adecuar la estructura a la actividad efectivamente disponible y preservar la continuidad de la explotación”. También rechazó las denuncias de vaciamiento formuladas en medio del conflicto.
La compañía atribuyó parte de sus problemas financieros a la afectación de fondos y cobranzas relacionados con obligaciones anteriores a las presentaciones concursales. Pese a ratificar la reducción de personal, aseguró que mantiene su disposición al diálogo “para evaluar alternativas viables que permitan atender la situación de los trabajadores y sostener la continuidad de la actividad”.
La Justicia exige explicaciones por casi USD 30 millones depositados en bancos
Mientras se confirmaban los despidos, la situación judicial de Granja Tres Arroyos incorporó un nuevo capítulo. El Juzgado Comercial N° 21 dispuso la indisponibilidad de USD 13,5 millones que la empresa mantiene depositados en el Banco de Comercio, en el marco de las actuaciones relacionadas con las denuncias de vaciamiento y los reclamos laborales.
La medida se produjo en un escenario de protestas de trabajadores que denuncian el incumplimiento de cuatro meses de salarios y el pago del aguinaldo.
El juez Germán Páez Castañeda señaló, además, que en la documentación presentada por la propia compañía para solicitar el concurso preventivo figura otro depósito de casi USD 16 millones en Eurobanco.
La existencia de ambas cuentas, que en conjunto suman aproximadamente USD 30 millones, llevó al magistrado a requerir precisiones sobre los recursos financieros de la firma y su situación frente a las obligaciones laborales pendientes.
“Deberá aclarar y acreditar el destino y disponibilidad de dichos fondos y explicar de qué modo su existencia se compatibiliza con lo manifestado respecto de las dificultades para atender regularmente las obligaciones laborales”, señaló el juez en su resolución.
El requerimiento judicial busca determinar cuál es el destino de esos recursos, si se encuentran disponibles y cómo se relacionan con las dificultades económicas alegadas por la empresa para cumplir con el pago de los salarios.
En paralelo, el lunes 5 de octubre, trabajadores de la avícola se movilizaron frente al Juzgado Comercial N° 21 para exigir que el cobro de los cuatro meses de salarios y del aguinaldo adeudados tenga prioridad cuando se abra formalmente el concurso preventivo.
Embargo por $605 millones y una disputa judicial que demora el concurso
La apertura formal del concurso preventivo de Granja Tres Arroyos todavía enfrenta una instancia pendiente. La Cámara debe resolver una disputa de competencia entre los juzgados comerciales N° 1 y N° 21, una definición necesaria para determinar qué tribunal tendrá a su cargo el proceso.
Mientras se aguarda esa resolución, otro expediente sumó complicaciones al panorama financiero de la avícola.
El Juzgado Comercial N° 24 dispuso la inhibición general de bienes y un embargo por $605 millones contra Granja Tres Arroyos, a partir de una ejecución iniciada por el Banco Credicoop.
La medida está vinculada con una deuda de cuenta corriente que la empresa mantenía en la sucursal Paternal de la entidad bancaria y que había sido cerrada días antes.
Así, la compañía enfrenta simultáneamente distintos procedimientos judiciales mientras intenta avanzar con su concurso preventivo y sostener la continuidad de sus operaciones.
Qué pasará con las indemnizaciones de los 1.250 trabajadores despedidos
Con las desvinculaciones ya confirmadas, una de las principales preocupaciones de los trabajadores es cuándo podrán cobrar las indemnizaciones correspondientes y bajo qué condiciones se determinarán los montos.
De acuerdo con fuentes sindicales, el primer paso será resolver cuál de los juzgados comerciales tendrá competencia sobre los concursos preventivos de las sociedades involucradas.
Una vez definida esa instancia, deberá designarse un síndico que intervendrá en la verificación y determinación de los créditos que corresponda reconocer dentro del procedimiento concursal.
Desde el sector gremial señalaron que las indemnizaciones podrían tramitarse bajo el artículo 247 de la Ley de Contrato de Trabajo. Esa disposición contempla el pago de una indemnización equivalente a la mitad de la prevista para un despido sin causa cuando se acredita una falta o disminución de trabajo no imputable al empleador, conforme a los requisitos legales.
La eventual aplicación de ese régimen resulta relevante para los trabajadores, porque podría modificar sustancialmente los importes a percibir. Su procedencia dependerá de que se cumplan las condiciones establecidas por la legislación laboral.
Al mismo tiempo, persiste el reclamo por los salarios y aguinaldos pendientes, obligaciones que los empleados buscan hacer valer en el marco de los procedimientos judiciales.
Una deuda superior a $126.000 millones y las causas de la crisis
El conflicto laboral y judicial se desarrolla dentro de una crisis financiera que alcanzó a distintas sociedades vinculadas con Granja Tres Arroyos.
A mediados de septiembre, el grupo encabezado por Joaquín De Grazia, presidente del directorio e hijo del fundador de la compañía, se presentó formalmente en concurso preventivo junto con otras firmas del entramado empresarial.
Entre ellas se encuentran Wade, operadora de la ex Cresta Roja en Esteban Echeverría; Avex, que cuenta con una planta en Río Cuarto, Córdoba; y Holding Agro Industrial S.A. (HAISA), sociedad controlante del grupo.
En la presentación judicial, la compañía reconoció una deuda superior a $126.000 millones en cheques rechazados, una cifra que refleja la magnitud de sus dificultades financieras.
La empresa atribuyó parte de la crisis al “estrangulamiento del mercado interno”, una expresión utilizada para describir las dificultades que, según su planteo, enfrenta la actividad comercial.
También mencionó el ingreso de pollo importado desde Brasil, el cierre de mercados externos como consecuencia del brote de gripe aviar registrado en 2023 y el incremento de los costos de energía, logística y mano de obra.
Estos factores fueron presentados por la firma como parte de las razones que explican el deterioro de su situación económica y la necesidad de reorganizar su estructura productiva.
Sin embargo, las explicaciones empresariales conviven ahora con los requerimientos judiciales sobre los fondos depositados en entidades bancarias, las medidas cautelares sobre sus bienes y los reclamos de los trabajadores afectados.
La confirmación de los 1.250 despidos marca una nueva etapa del conflicto, mientras permanece pendiente la definición del juzgado competente para avanzar con los concursos preventivos, la determinación de las indemnizaciones y la resolución de las deudas salariales reclamadas por los empleados.
