El Gobierno de San Juan evalúa aplicar multas y otras sanciones a las empresas de colectivos por la interrupción del servicio registrada este miércoles, en medio del conflicto salarial que mantienen los choferes con el sector empresario. Así lo confirmó el secretario de Tránsito y Transporte, Marcelo Molina, quien remarcó que la prestación debe garantizarse y que la medida no había sido comunicada oficialmente al organismo.
Molina cuestionó que los usuarios hayan quedado afectados por una medida que, según explicó, fue adoptada de manera intempestiva. “El pasajero no puede ser rehén de ciertas circunstancias”, sostuvo, y señaló que desde Transporte no habían recibido una comunicación formal sobre la retención del servicio.
Qué sanciones podría aplicar el Gobierno
El funcionario explicó que, si se constata un incumplimiento en la prestación del servicio, la normativa contempla sanciones económicas y multas. También indicó que esos antecedentes pueden ser considerados cuando llegue el momento de evaluar la continuidad de las concesiones.
“Son multas, son sanciones económicas”, detalló Molina, quien agregó que cada incumplimiento puede quedar registrado para analizar posteriormente qué empresas prestaron correctamente el servicio y cuáles no.
De todos modos, aclaró que existen dos ámbitos diferentes para abordar el conflicto. Mientras la Secretaría de Transporte tiene la responsabilidad de controlar que el servicio concesionado se cumpla, la situación vinculada con el reclamo laboral debe ser analizada en el ámbito de la Subsecretaría de Trabajo.
Molina cuestionó la falta de comunicación previa
Según el secretario, las unidades estaban diagramadas para prestar el servicio, pero la mayoría no salió a la calle. Algunas unidades sí circularon, aunque fueron pocas en comparación con el esquema habitual.
Molina sostuvo que la retención se produjo sin una comunicación oficial previa a Transporte, a diferencia de otras medidas en las que, según explicó, se había advertido con anticipación para evitar afectar a los pasajeros.
“Esta ha sido una medida intempestiva sin una comunicación oficial”, afirmó durante la entrevista.
El funcionario también hizo referencia al contexto interno de UTA, que atraviesa un proceso electoral, aunque planteó que esa circunstancia deberá ser evaluada para determinar si tuvo alguna incidencia en la situación.
El conflicto salarial y las posibles responsabilidades
Molina reconoció que existe información sobre un acuerdo salarial y una nueva escala que no se habría cumplido en los pagos, situación que podría haber desencadenado la protesta de los trabajadores.
Sin embargo, diferenció ese reclamo laboral de la obligación de garantizar el transporte público. “El conflicto gremial es un conflicto gremial que afecta al servicio, no es un conflicto del servicio”, explicó.
En ese sentido, indicó que el Gobierno buscará dialogar con los distintos sectores para determinar qué ocurrió y por qué no se cumplió con lo acordado, aunque remarcó que no aceptarán que los reclamos se canalicen mediante acciones que afecten la prestación.
Durante la entrevista, Molina también fue consultado sobre versiones que indicaban que algunos trabajadores que intentaron salir a prestar servicio habrían sido interceptados y amenazados por otros choferes. El funcionario señaló que estaba tomando conocimiento de esa situación a partir de la entrevista y advirtió que, de confirmarse, podría derivar incluso en una denuncia policial.
“Protestar, reclamar, buscar un derecho corresponde, pero no se puede condicionar de esa manera si alguien quiere desarrollar la actividad”, sostuvo.
Por ahora, el Gobierno no confirmó una sanción concreta ni contra una empresa determinada, pero Molina dejó en claro que se analizarán los incumplimientos registrados durante la jornada y que, si corresponde, se aplicarán las herramientas previstas por la normativa para garantizar la prestación del servicio.
