La Ciudad de Buenos Aires busca endurecer su régimen contravencional. El jefe de Gobierno, Jorge Macri, envió a la Legislatura porteña un proyecto de reforma integral del Código Contravencional y de la Ley de Procedimiento Contravencional, con aumentos de multas, más días de arresto y nuevas sanciones vinculadas con la convivencia urbana, la seguridad y los delitos digitales.
La iniciativa modifica la Ley 1.472 y la Ley 12 y apunta a ampliar las herramientas del Estado para hacer cumplir las sanciones. Entre los cambios más relevantes aparecen multas de más de $7 millones para quienes conduzcan alcoholizados, sanciones de hasta $58 millones para actividades lucrativas no autorizadas en el espacio público y hasta 90 días de arresto para trapitos reincidentes.
El proyecto también incorpora nuevas contravenciones vinculadas con el acoso y acecho en la vía pública, las estafas digitales, la comercialización de datos personales, la compraventa informal masiva en el espacio público y la utilización de dispositivos destinados a interferir señales.
“Al delincuente menor de edad que rompe la ley sabiendo que no va a tener consecuencias; al que acosa, sigue o acecha a una persona en la calle; al estafador que se hace pasar por un banco para engañar a alguien y robarle sus datos; al puntero que financia agrupaciones violentas; al delincuente que lleva una bomba molotov a una manifestación: a todos ellos, bajo mi gestión, se les terminó la impunidad”, sostuvo Jorge Macri.
El jefe de Gobierno agregó: “No hay Ciudad para los porteños de bien si el Estado se arrodilla frente a las mafias y los violentos. Con este nuevo Código que presentamos endurecemos las penas, agravamos la reincidencia y hacemos que el que rompe la ley pague las consecuencias de sus actos”.
Multas más altas y nuevas sanciones
La reforma incrementa las penas para buena parte de las contravenciones actualmente previstas en el Código. Las sanciones podrán combinar multas, tareas de utilidad pública, arrestos e inhabilitaciones, además de otras medidas accesorias.
En el caso de los ruidos molestos, las tareas de utilidad pública pasarían de entre 1 y 5 días a entre 3 y 15. La multa máxima subiría de 100 a 600 UF, equivalente a unos $703.848, y se incorporaría la posibilidad de hasta 10 días de arresto.
Para la conducción bajo los efectos del alcohol, la multa actual de entre 300 y 2.000 UF pasaría a un rango de 1.000 a 6.000 UF, es decir, más de $7 millones. También se elevaría el arresto de entre 1 y 10 días a entre 5 y 30 días, mientras que la inhabilitación para conducir pasaría de un período de 4 meses a 2 años a otro de 6 meses a 4 años.
Para las actividades lucrativas no autorizadas en el espacio público, como la venta informal, las multas podrían alcanzar las 50.000 UF, unos $58,6 millones.
El proyecto también contempla sanciones para quienes suplanten a agentes de autoridad, financien contravenciones reiteradas o agrupaciones contraventoras, porten o distribuyan materiales aptos para provocar disturbios o interfieran los sistemas de videovigilancia pública.
En el caso de materiales destinados a disturbios, las sanciones podrían llegar a $9,3 millones o 45 días de arresto, además del decomiso de los elementos. Para quienes entorpezcan sistemas de videovigilancia, se prevén multas de hasta $4,6 millones o 30 días de arresto, junto con la obligación de reparar el dispositivo afectado.
Nuevas contravenciones y reincidencia
Uno de los capítulos centrales de la reforma está vinculado con nuevas formas de afectación de la convivencia y la seguridad.
Entre las conductas que se incorporan aparecen el seguimiento o acecho en la vía pública, la obtención mediante engaños de credenciales digitales, como claves, códigos o tokens, y la comercialización de datos personales.
También se sancionará la organización de compraventas informales masivas en espacios públicos, la portación de dispositivos de interferencia de señales y la manipulación fraudulenta de sistemas de cobro o de transporte público.
A su vez, se amplían las sanciones accesorias para determinados ámbitos, entre ellos eventos masivos, partidos de fútbol, recitales, tránsito, apuestas y protección animal.
La reforma también endurece el régimen para los reincidentes. No será necesario que una persona cometa exactamente la misma contravención para ser considerada reincidente: también podrá serlo cuando exista un hábito de cometer faltas similares en el espacio público.
Para ello, el proyecto crea un Registro de Reincidentes en Contravenciones en el Espacio Público.
Las penas aumentarían un 50% ante la primera reincidencia, un 66,6% ante la segunda y hasta un 100% ante la tercera, es decir, el doble de la sanción original. Además, los reincidentes no podrán cumplir arresto domiciliario, salvo excepciones debidamente fundadas.
En el caso de los trapitos que extorsionan a los automovilistas para permitirles estacionar, el arresto podría llegar hasta los 90 días en caso de reincidencia, frente a los 60 días previstos actualmente.
Cambios para adolescentes desde los 14 años
La reforma introduce además un cambio relevante para los adolescentes de entre 14 y 17 años, en línea con la nueva Ley Nacional de Justicia Penal Juvenil que entró en vigencia el mes pasado.
Actualmente, como regla general, los menores de 18 años no son punibles contravencionalmente, salvo algunas excepciones vinculadas al tránsito. El proyecto establece la imputabilidad contravencional desde los 14 años, aunque bajo un régimen diferente al de los adultos.
Los adolescentes no podrán ser detenidos y deberán contar con defensa especializada. El objetivo declarado es que las medidas estén orientadas a la responsabilidad, la educación, la integración social y el interés del adolescente.
Entre las medidas previstas figuran la amonestación formal, el acompañamiento periódico de equipos interdisciplinarios, la asistencia a programas educativos, acciones para sostener o completar la escolaridad obligatoria, capacitación laboral para quienes hayan terminado el secundario, reparación del daño y tareas de utilidad pública adecuadas a la edad y las aptitudes del adolescente.
El proyecto también elimina la condena en suspenso y, para los adultos, excluye la suspensión del proceso a prueba como mecanismo alternativo.
El plazo general de prescripción de la acción se mantiene en dos años. Para los adolescentes, en cambio, continuará vigente la posibilidad de acceder a la probation, siempre que cumplan reglas de conducta, reparen el daño y mantengan la continuidad escolar.
La iniciativa deberá ahora ser debatida en la Legislatura porteña, donde se definirá si los cambios propuestos por el Gobierno de Jorge Macri se convierten en el nuevo régimen contravencional de la Ciudad.
