La Corte Suprema aceleró el trámite de un expediente que cuestiona la derogación de la Ley de Tierras impulsada por el DNU 70/23 de Javier Milei. A través de una resolución firmada este miércoles, el máximo tribunal redujo de 72 a 24 horas el plazo para que quede consentida la incorporación de los conjueces Diego Barroetaveña y Juan Ignacio Pérez Curci.

La decisión adquiere relevancia porque el expediente incluye un pedido de medida cautelar que podría volver a poner en vigencia las restricciones para la compra de tierras rurales por parte de extranjeros.

La resolución de la Corte sostuvo que, “en atención a las particulares circunstancias de la causa”, correspondía abreviar el plazo para consentir la nueva integración del tribunal.

En concreto, notificó a las partes que Barroetaveña y Pérez Curci “han aceptado el cargo” y estableció que el plazo para cuestionar esa integración será de 24 horas. Además, ordenó: “A ese solo efecto, habilítanse días y horas inhábiles”.

Un expediente vinculado al caso de los excombatientes

El caso es impulsado por la Asociación Civil Árbol de Pie, las comunidades indígenas Lafkenche y Lof Fvta Anecon y la legisladora rionegrina Magdalena Odarda. Todos cuestionan el artículo 154 del DNU 70/23, que derogó la Ley 26.737 de Régimen de Protección al Dominio Nacional sobre la Propiedad, Posesión o Tenencia de Tierras Rurales.

El planteo había quedado vinculado al expediente iniciado por el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM), que también había cuestionado la derogación de la Ley de Tierras.

Sin embargo, cuando resolvió el caso del CECIM la semana pasada, la Corte no analizó la constitucionalidad del artículo 154. El máximo tribunal rechazó la demanda porque consideró que los excombatientes no tenían legitimación suficiente para promover ese proceso colectivo.

Ahora, los integrantes de Árbol de Pie sostienen que su situación es diferente. En una presentación ante la Corte solicitaron que se aclare si aquella sentencia tiene algún efecto sobre su expediente y remarcaron que invocan “títulos de legitimación propios y diferentes” de los analizados en el caso CECIM.

El planteo ambiental e indígena

El argumento central de la nueva presentación no está basado en la soberanía nacional. Los demandantes plantean derechos vinculados con la protección ambiental, la biodiversidad y los derechos de los pueblos y comunidades indígenas sobre sus territorios ancestrales.

La diferencia resulta relevante porque el expediente anterior había sido rechazado por una cuestión vinculada con la legitimación de quienes promovieron la demanda, sin que la Corte ingresara a analizar el fondo de la derogación de la Ley de Tierras.

La nueva causa busca, de esta manera, mantener abierta la discusión judicial sobre el artículo 154 del DNU 70/23 y sus efectos sobre el régimen que establecía límites para la propiedad, posesión o tenencia de tierras rurales por parte de extranjeros.

La Corte volvió a quedar en el centro de la discusión

La aceleración del trámite se produjo luego de que organizaciones sindicales, sociales y políticas se movilizaran frente a la Corte Suprema para rechazar el fallo que dejó vigente la derogación de la Ley de Tierras.

Con la incorporación de los dos conjueces y el nuevo plazo de 24 horas para consentir la integración, el expediente quedó en condiciones de avanzar hacia una nueva definición del máximo tribunal.

La Corte deberá determinar ahora cómo continúa el proceso iniciado por Árbol de Pie, las comunidades indígenas y Magdalena Odarda, en una causa que vuelve a poner bajo discusión judicial la derogación de la Ley de Tierras establecida por el DNU 70/23.